Concepto
¿Qué es la inclusión?
Acorde con la OMS, el término inclusión se define como el proceso de asegurar que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso, participación y oportunidades que el resto de la población.
También se puede definir como la integración de todas las personas en la sociedad, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, eliminando las barreras que puedan existir, las cuales, según Delia Ferreira son:
EN RESUMEN: La inclusión es el proceso para involucrar e integrar a todas las personas que por cualquier razón o motivo son marginadas, así como respetarlas y tomar en cuenta sus opiniones, no solamente dentro de la vida política, sino en todos los ámbitos posibles; eliminando las barreras existentes.
El primer paso para comenzar a quitar las barreras culturales en nuestro país fue la inclusión de las mujeres en la política; el cual se otorgó con el derecho al voto en 1953, 36 años después de que la Constitución de 1917 lo reconociera para los varones (ONU Mujeres, 2011).
¿Qué es la discapacidad?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Existen diferentes tipos de discapacidad
Sensorial Visual
Es la deficiencia estructural o funcional del órgano de la visión y de sus funciones asociadas.
Sensorial Auditiva
Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, alteración de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que a su vez pueden limitar la capacidad de comunicación.
Discapacidad Motriz
Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.
Intelectual
Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonada, como en la conducta adaptativa de la persona.
Situación actual de las personas con discapacidad.
Frecuentemente, las personas con discapacidad han sido excluidas de una participación activa en la sociedad, y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera, equivocadamente, que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad de condiciones que el resto de las personas.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en el 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reportó que, del total de las personas encuestadas, el 12.5% no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad; el 34.6% estaba en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad y el 34% creía que no se respetan los derechos de ese sector de la población. Por su parte, el 90% de las personas con discapacidad dijeron haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.
Existen varias leyes/tratados que tanto internacionales como nacionales que velan por que sean respetados los derechos humanos de las personas con discapacidad, en las internacionales se encuentran:
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
- Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas
Mientras que, en las nacionales:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
- Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación
Además del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD CDMX), creado en el 1° de septiembre de 2011 cuya filosofía fue establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garantizaran la participación activa y permanente de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes del entonces Distrito Federal (Historia de INDISCAPACIDAD, s.f.)
En cuanto a la participación política de las personas con discapacidad, son consideradas para poder votar y ser votadas, el INE tiene ciertos protocolos para que se lleve a cabo su participación sin ser discriminados tales protocolos incluyen:
- Las personas que atienden las casillas de votación darán un trato incluyente y respetuoso a las personas con discapacidad.
- Las personas con discapacidad con credencial para votar y que estén en la Lista Nominal pueden votar el día de las elecciones. Las personas con discapacidad votarán en la casilla que les toca, cerca de donde viven o en una casilla especial cuando estén lejos de su domicilio.
- Las personas con discapacidad podrán votar sin hacer fila para entrar a la casilla. El personal de la casilla establecerá el orden en que las personas entrarán a ella a votar.
- Las personas con discapacidad que necesiten apoyo para votar pueden pedir ayuda al personal de la casilla o a una persona de su confianza para hacerlo El personal de la casilla les preguntará qué tipo de ayuda necesitan.
- El personal de la casilla informará a las personas con discapacidad sobre los materiales de apoyo para votar que hay en la casilla. Los materiales de apoyo son:
- mampara especial,
- plantilla en Sistema Braille
- sello “X” para marcar su elección
- cojín de tinta
El personal de la casilla permitirá que las personas con discapacidad reciban apoyo para depositar su voto en la urna.
- Las personas con discapacidad podrán usar los apoyos que necesiten para moverse dentro de la casilla como los animales de asistencia o los perros guía.
- Las personas con discapacidad que tengan dificultad para entrar o moverse en la casilla recibirán el apoyo de un funcionario para:
- buscar su nombre en la lista nominal,
- acercarle la mampara especial y
- votar en secreto.
- Cuando las personas con discapacidad no puedan entrar a la casilla, se llevarán las boletas dentro de un sobre hasta donde ellas estén.
- Las personas a quienes les falten las manos o los brazos podrán usar el sello “X” y el cojín de tinta para votar. También pueden solicitar la ayuda de una persona de su confianza o un funcionario de la casilla para votar en la casilla.
- El personal de la casilla registrará la asistencia de la persona con discapacidad y le preguntará si:
- necesita ayuda para votar,
- está acompañada por una persona de su confianza,
- su acompañante o el personal de la casilla le ayudaron a votar.
El personal de la casilla marcará la credencial para votar de la persona con discapacidad que acudió a votar.
- La persona que acompaña a la persona con discapacidad podrá votar en esa misma casilla si su nombre aparece en la lista nominal. Las personas con discapacidad y su acompañante podrán votar en las casillas especiales.
- El personal del INE ayudará a las y los funcionarios de casilla a aplicar este protocolo de atención para las personas con discapacidad.
- El personal de la casilla atenderá cualquier necesidad que tengan las personas con discapacidad que asisten a votar. También responderá cualquier pregunta sobre la aplicación de este protocolo.
- El personal de la casilla anotará las dificultades que enfrenten las personas con discapacidad para votar.
- El personal de la casilla y las personas que representen a los partidos políticos o a las candidatas y los candidatos independientes comprobarán las acciones realizadas para que las personas con discapacidad puedan votar o participar.
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA
En nuestro país existe un déficit en la inclusión política de las poblaciones indígenas, que es uno de los grupos más marginados, excluidos y discriminados.
Durante muchos años se ha negado la existencia de la diversidad cultural y se ha discriminado por completo a las personas que no comparten las mismas costumbres o lengua. También se ha utilizado formas para marcar esta discriminación, por ejemplo, la palabra “indio” se utiliza de forma despectiva para estigmatizar comportamientos inapropiados, con un fuerte componente clasista no siempre ni necesariamente racial. El concepto “indígena”, en cambio, se utiliza de forma neutra para designar a las poblaciones originarias, aunque también sigue cargado de connotaciones ambiguas y discriminatorias. (Sonnleitner, 2020)
Desde finales de la década de los ochenta, en México las organizaciones y movimientos indígenas se han constituido como actores que han cuestionado de manera radical las características que tiene la representación política en el país, aspirando a la democratización del régimen político.
En 1990 fue el año en que se formalizó la adscripción de México al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que establece entre otras obligaciones el compromiso del gobierno mexicano de “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” (artículo 2º del Convenio 169). (Singer, 2021)
En noviembre de 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo general para instar a los partidos políticos a respetar la paridad de género y a presentar candidaturas indígenas para las diputaciones federales en doce de los 28 distritos uninominales con más de 40 por ciento de población indígena (INE, 2017). En diciembre del mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó dicho acuerdo y amplió las candidaturas obligatorias a los trece distritos con más del 60 por ciento de población indígena (TEPJF, 2017).
Una de las barreras más presentes y marcadas en la población indígena es la educación, ya que, particularmente la tasa de analfabetismo en 2020 fue del 20.9% de su población total; como referencia, la tasa de analfabetismo para la población no indígena fue del 3.6% (INEGI, 2022b).
Los pueblos indígenas pueden participar libremente en los asuntos públicos en los niveles local, nacional e internacional. Igualmente, y a pesar de la ambigüedad o falta de consenso en torno al significado y alcance de la noción de pueblo, reconocen su tratamiento normativo como colectividades y no solamente como suma de individuos.
RESUMEN: Los pueblos indígenas han recorrido un largo camino para ser considerados e incluidos en la política, así como para que se les hagan valer todos sus derechos que como humanos se merecen más, sin embargo, actualmente aún existen barreras preocupantes para que su inclusión sea definitiva, igualitaria y sin discriminación, tanto en la política como en áreas económicas y sociales.
INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD LGBTTTI+
La comunidad LBTTTI+ es una de las cuales viven discriminaciones alarmantes; de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), los derechos humanos son las garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos contra acciones que interfieran sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. De igual forma, para tener una mejor comprensión del tema de la diversidad sexual, es preciso tener en cuenta lo siguiente:
- Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
- Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
- Lesbiana: Se refiere a la mujer que siente una profunda atracción emocional, afectiva, romántica y sexual por otras mujeres.
- Gay: Hombre que se siente atraído erótico y/o afectivamente por hombres.
- Bisexual: Hace referencia a la atracción, prácticas sexuales y vínculos emocionales y afectivos que una persona establece con personas de ambos sexos.
- Transexual: Son las personas que se han sometido a una reasignación genérica completa para concordar físicamente con el género con el cual se identifican, mediante una intervención quirúrgica de sus órganos genitales, terapia psicológica y tratamiento hormonal debidamente realizado, respaldado y vigilado por especialistas médicos.
- Transgénero: Son aquellas personas cuya identidad o expresión de género incluye uno, varios o todos los elementos que caracterizan al género biológico diferente al propio.
- Travesti: Son aquellas personas que, sin tener necesariamente una orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual, utilizan ropa, accesorios y lenguajes corporales distintos a los de su propio sexo.
- Intersexualidad: Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos, en mayor o menor grado, hecho que no determina su orientación o preferencia sexual, pero que con el desarrollo de su sexualidad sí se inclinará hacia una identidad o expresión de género determinada
En 1971 se creó la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBTTTI+, el cual llevó por nombre Frente de Liberación Homosexual de México (FLH).
Algunas de las primeras organizaciones civiles de personas LGBTTTI+ que surgieron en México y en las cuales se germinó el movimiento de liberación homosexual son SEXPOL, un grupo creado por el activista Antonio Cué en 1975 y dedicado a los estudios en torno a la sexualidad y la política; para 1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el cual basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político y que tenía entre sus filas a activistas como Juan Jacobo Hernández.
Algunos grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Ákratas (1975), Lesbos (1977) y Oikabeth (1978), considerada la primera organización pública de mujeres lésbianas. Los dos últimos grupos fueron formados por la activista lesbofeminista Yan María Yaoyólotl Castro.
Finalmente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición feminista, nació en 1978 y fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa.
Cada una de estas agrupaciones mantuvieron discusiones sobre el contexto político en el país y fraguaron estrategias para su labor militante que tenía por meta visibilizar y desestigmatizar a las personas homosexuales; asimismo, además de estos objetivos, las agrupaciones de mujeres lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer y la lucha contra el patriarcado. (Secretaría de Cultura, 2019)
Fue hasta 1979 que se realizó la primera marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México.
Es importante destacar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH, 2012:12) señaló cinco obligaciones básicas legales de los Estados para la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI: proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica; prevenir la tortura así como tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibiendo y sancionando tales actos y garantizando que las víctimas reciban una reparación; derogar inmediatamente leyes que penalicen la homosexualidad; prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; y preservar la libertad de reunión, expresión y asociación pacífica.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017 de INEGI, encontró que 3.2% de la población mexicana mayor de 18 años se identificó como no heterosexual y 96.8% como heterosexual; es así que identificando las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta este grupo, se vuelve necesario el esfuerzo por parte del Estado para generar políticas eficaces para su protección, así como para la obligación de investigar y sancionar los delitos de violencia por perjuicio.
Actualmente se identifican tres adecuaciones urgentes en la legislación mexicana para proteger la dignidad y derechos de las personas LGBTTTI+. En primera instancia, se requiere la tipificación de crímenes de odio en los códigos penales estatales para generar estadísticas de delitos basados en discriminación ya que, solamente 12 estados contemplan en su Código Penal violencia por prejuicio a personas LGBTTTI+, o equivalente. Segundo, dar paso a legislar para facilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo, actualmente pueden contraer matrimonio en 14 estados sin recurrir a procedimientos legales. En el caso de los estados donde no es permitido se debe promover un juicio de amparo ante tribunales federales para la revisión del caso.
Tercero, facilitar el cambio de identidad de género de las personas trans, es decir, incluir en el Código Civil de las entidades federativas la posibilidad de que las personas trans gocen del derecho a una identidad jurídica o nombre de acuerdo a su condición sexogenérica (Arizmendi, 2019)
En resumen
En México, todos los grupos marginados han recorrido un gran camino en cuanto a su lucha por la visibilización, exclusión y no discriminación; han obtenido grandes reconocimientos y se han acortado las brechas que los excluían, pero por ello es necesario seguir fortaleciendo la inclusión en todos los sentidos, no solamente en la política.
Si bien ha sido a través de reformas electorales recurrentes que se ha avanzado hacia una representación plural tanto en el orden federal como en el local, los procesos electorales todavía siguen dando lugar a cuestionamientos, muchos de ellos respecto a la equidad en la competencia y la certeza de sus resultados.
Las pautas de participación política mediante las cuales los ciudadanos se relacionan con los gobernantes, tomando parte en las decisiones o influyendo en éstas, se han desarrollado en el marco de las experiencias históricas particulares, adoptando distintas formas: legales e ilegales, individuales o colectivas, activas o pasivas. La participación ciudadana en el juego electoral, a través de los partidos y mediante el escrutinio permanente de las acciones gubernamentales, son reconocidas como eje de la vida democrática. La participación también se despliega por la vía del llamado activismo ciudadano, que cobra cuerpo en grupos de interés y de presión (asociaciones civiles, sindicatos, etcétera). Por otra parte, se expanden ganando presencia la movilización política y las acciones de protesta o la expresión de intereses y demandas por otras vías: los movimientos sociales.